Aunque aseguran estar desmoralizados por la adjudicación de la planta a Astilleros de Huelva, no piensan tirar la toalla. Harán que sus protestas se oigan hasta que concluya el proceso de privatización, a mediados de octubre, cuando el Consejo de Ministros ratifique la venta.
Piden garantías de empleo por diez años, tal y como acordaron con la SEPI. Por ello, solicitan al Gobierno central que dé marcha atrás, que no ratifique la adjudicación y que abra un proceso de negociación con los sindicatos. Hoy se reunirán con sus abogados para conocer qué acciones jurídicas pueden emprender para frenar este «golpe de estado sindical y social».
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